Costa Rica condiciona la apertura del mercado eléctrico a la demostración de beneficios tangibles para todos los consumidores. El país busca asegurar que las eficiencias generadas por la apertura no se limiten a grandes industrias, sino que se trasladen a los hogares y pequeñas empresas, incluso en zonas rurales. Se enfatiza la necesidad de instituciones sólidas y capaces de regular el mercado y garantizar una distribución equitativa de los beneficios. La legitimidad de la apertura depende directamente de su impacto positivo en el bolsillo de los ciudadanos. El gobierno costarricense establece que la apertura eléctrica debe traducirse en tarifas más bajas y un mejor servicio para todos los usuarios, sin excepciones. Se prioriza un enfoque inclusivo que evite la concentración de beneficios en sectores específicos.