La presidenta Fernández generó controversia con sus declaraciones sobre la situación en Nicaragua, al sugerir que no es comparable con las crisis en Cuba o Venezuela. Sus palabras implican, según analistas, que los nicaragüenses deberían aceptar su situación debido al sufrimiento de otros. La afirmación ha sido criticada por considerarse una minimización de la opresión que enfrentan los ciudadanos nicaragüenses. Organizaciones de derechos humanos y opositores han denunciado la declaración como insensible y deshonesta. Se cuestiona la veracidad de la premisa subyacente a la declaración de Fernández. La polémica ha generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional, con llamados a una mayor atención a la crisis en Nicaragua. La declaración ha sido interpretada como una justificación implícita del régimen de Daniel Ortega.