La presidenta Laura Fernández descartó categóricamente cualquier intervención de Estados Unidos en el caso de la minería ilegal en Crucitas. Fernández enfatizó la soberanía nacional y la capacidad de Costa Rica para gestionar y solucionar sus propios problemas internos. La mandataria reafirmó la responsabilidad del Estado costarricense en abordar la crisis generada por las actividades mineras ilegales en la zona. Su declaración busca disipar especulaciones sobre una posible participación extranjera en la resolución del conflicto. Fernández insistió en que las soluciones a los desafíos costarricenses deben ser encontradas por los costarricenses mismos. La administración Fernández se compromete a fortalecer las instituciones nacionales para enfrentar este tipo de situaciones en el futuro. La presidenta no ofreció detalles específicos sobre las medidas que se tomarán, pero reiteró su confianza en la capacidad del país para superar la crisis.