La Presidencia de Costa Rica respondió directamente al magistrado Jorge Araya de la Sala Constitucional, defendiendo las acusaciones previas realizadas por Laura Fernández. Estas acusaciones se refieren a la infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial. La respuesta presidencial reafirma la seriedad de la denuncia inicial, indicando una preocupación significativa sobre la integridad del sistema judicial. El gobierno insiste en la necesidad de investigar a fondo estas alegaciones y tomar medidas correctivas. Esta controversia ha generado debate público sobre la independencia del Poder Judicial y la amenaza del crimen organizado en el país. La Presidencia busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito judicial, enfatizando la importancia de defender las instituciones democráticas. La situación plantea interrogantes sobre la influencia del crimen en las estructuras de poder.