El crimen organizado en Costa Rica utiliza vehículos de lujo y blindados, con costos que alcanzan los $400.000, para sus operaciones. Esta ostentación contrasta fuertemente con la situación de la Fuerza Pública, que enfrenta una crisis de movilidad. Un 40% de las patrullas de la fuerza se encuentran fuera de servicio, limitando su capacidad de respuesta. La disparidad en recursos vehiculares plantea desafíos significativos para las autoridades en su lucha contra el narcotráfico. La falta de patrullas operativas afecta la vigilancia y el control territorial. Esta situación genera preocupación sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas. Las autoridades no han emitido declaraciones sobre planes para renovar o aumentar la flota vehicular de la Fuerza Pública.