El texto original, dirigido a funcionarios públicos en Costa Rica, subraya la importancia de su rol como servidores del Estado y no de la administración de turno. Se les recuerda que su deber primordial es proteger la República y garantizar la supervivencia de las instituciones democráticas, más allá de los gobiernos que puedan llegar al poder. La misiva enfatiza que su función no es obstruir la gobernabilidad de quienes fueron elegidos democráticamente. Más bien, tienen la responsabilidad crucial de asegurar que el ejercicio del poder se mantenga dentro del marco legal establecido. El mensaje insta a la defensa del estado de derecho y a la integridad del sistema institucional. En resumen, se les exhorta a priorizar la legalidad sobre cualquier otra consideración política o personal.