Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Sala III de Costa Rica, defendió su voto en relación con la inmunidad de Rodrigo Chaves, rechazando acusaciones de parcialidad. El magistrado formó parte de los siete magistrados que votaron en contra de remitir el caso al Congreso para su análisis. Alfaro argumenta que su decisión se fundamentó en la falta de pruebas suficientes en la investigación en el momento de la votación. Calificó de “sucio” sugerir que se adaptó a los intereses del poder político. Su postura busca clarificar que su análisis fue estrictamente jurídico y técnico, sin consideraciones externas. La decisión ha generado debate sobre la independencia judicial en Costa Rica y el alcance de la inmunidad parlamentaria. El caso continúa generando controversia en el ámbito político y judicial del país.