Costa Rica, otrora líder global en protección ambiental, ha experimentado un notable cambio en la última década. El país ha reducido significativamente la financiación destinada a sus áreas protegidas, lo que genera preocupación sobre su sostenibilidad a largo plazo. Paralelamente, se ha observado una centralización del poder en materia ambiental, disminuyendo la autonomía de instituciones clave. Esta tendencia se complementa con una flexibilización de normativas sanitarias consideradas fundamentales para la preservación de ecosistemas y la salud pública. Expertos señalan que estas políticas representan un retroceso en el compromiso histórico de Costa Rica con la conservación. La situación plantea interrogantes sobre el futuro del modelo de desarrollo sostenible del país y su capacidad para mantener su reputación internacional en la materia. El debate se centra en el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del patrimonio natural costarricense.