La polémica sobre la reintroducción de grados militares en la Fuerza Pública costarricense ha generado preocupación entre analistas y defensores del modelo civilista del país. Expertos argumentan que esta medida confunde la seguridad nacional con la seguridad ciudadana, alejándose de las causas fundamentales de la delincuencia. La restauración de jerarquías militares podría desviar recursos y atención de las estrategias efectivas para combatir el crimen, como la inversión en programas sociales y la mejora de la inteligencia policial. Se teme que esta iniciativa erosione el tradicional carácter civil de las fuerzas de seguridad en Costa Rica, un pilar de su estabilidad política. Los críticos enfatizan que la militarización no garantiza mayor seguridad y podría, incluso, exacerbar los problemas existentes. Esta decisión reaviva el debate sobre el futuro del modelo de seguridad en el país y sus implicaciones para las libertades civiles.