Un alto funcionario chino defendió este miércoles una nueva ley de unidad étnica que permite juzgar a ciudadanos chinos por delitos cometidos fuera de sus fronteras. La ley, aprobada en marzo y que entrará en vigor el 1 de julio, ha generado controversia por esta cláusula específica. Según las autoridades, la legislación busca proteger la unidad nacional y reprimir actividades que amenacen la armonía étnica. La ley no especifica qué tipo de delitos serían perseguidos en el extranjero, lo que ha suscitado preocupaciones sobre su posible uso para silenciar a disidentes. Críticos temen que la medida se utilice para reprimir a miembros de minorías étnicas y a opositores políticos que residen fuera de China. La justificación oficial es que la ley busca combatir el separatismo y el extremismo.
