China ha afirmado que su recientemente aprobada ley sobre la “unidad étnica” tendrá aplicación extraterritorial, permitiendo perseguir a individuos fuera de sus fronteras que la infrinjan. La declaración, realizada por un alto funcionario de Beijing, justifica esta medida como acorde con las prácticas internacionales y el derecho. La ley, adoptada en marzo, busca fortalecer la cohesión nacional, pero ha generado controversia por su amplio alcance y potencial para la represión. Según las autoridades chinas, la aplicación de la ley fuera de China no constituye una violación de la soberanía de otros países. Esta expansión legal podría afectar a críticos del gobierno chino y defensores de los derechos humanos en el extranjero. La medida ha suscitado preocupación en la comunidad internacional sobre la posible persecución transfronteriza de disidentes.