El gobierno chino defiende una nueva ley de unidad étnica, argumentando que fortalecerá la cohesión nacional y permitirá perseguir legalmente a extranjeros. Según el viceministro de Justicia Hu Weilie, la aplicación de la ley es necesaria. Sin embargo, críticos denuncian que la normativa podría convertirse en un instrumento de represión contra las minorías étnicas presentes en el país. Existe preocupación de que la ley también se utilice para ejercer presión sobre empresas y ciudadanos extranjeros que operan fuera de China. Pekín insiste en que la ley busca la estabilidad y el progreso del país, mientras que observadores internacionales advierten sobre posibles implicaciones para los derechos humanos y la inversión extranjera. La nueva legislación ha generado controversia y temores sobre un endurecimiento del control estatal.