Un alto funcionario judicial chino defendió este miércoles el derecho de China a aplicar su nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico a individuos fuera de sus fronteras. La ley, que entrará en vigor el 1 de julio, busca fortalecer la cohesión nacional, según las autoridades. Sin embargo, defensores de los derechos humanos han expresado preocupación de que la legislación pueda ser utilizada para perseguir y marginar aún más a minorías étnicas, incluso a aquellas que residen en el extranjero. El funcionario chino argumentó que la aplicación de la ley es legítima y necesaria para salvaguardar la seguridad nacional. La ley no especifica cómo se aplicará a personas fuera de China, lo que ha generado inquietud sobre posibles abusos. Organizaciones de derechos humanos temen que la ley sirva como pretexto para reprimir a disidentes y activistas en el extranjero. La justificación china se produce en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y acusaciones de represión contra minorías étnicas como los uigures.