Cinco ministros de la Corte Suprema de Chile aprobaron un trato directo por 26.889 millones de dólares con una constructora que, notablemente, había sido rechazada en la licitación pública el mismo día. La decisión ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. CIPER Chile fue el primero en revelar esta información, generando un debate público sobre posibles conflictos de interés. La constructora involucrada previamente no había cumplido con los requisitos para la licitación original. La aprobación del trato directo se realizó sin una justificación clara y pública. Este caso plantea interrogantes sobre la legalidad y ética de la contratación pública en Chile, y podría derivar en investigaciones adicionales. La situación ha provocado una ola de reacciones en distintos sectores políticos y sociales.