Ramón Jara López analiza la delgada línea entre el uso legítimo de la fuerza estatal y el autoritarismo en Chile. Su columna se centra en las medidas de seguridad propuestas por el gobierno de José Antonio Kast y la importancia de establecer límites claros al poder ejecutivo. El autor argumenta que herramientas coercitivas como la policía y los estados de excepción son compatibles con la democracia si están sujetas a la ley y controles institucionales. Sin embargo, advierte que la propuesta de extender un estado de excepción por 240 días sin aprobación del Congreso representa un riesgo para este equilibrio democrático. Jara López enfatiza la necesidad de diferenciar entre la coerción estatal necesaria y un ejercicio de poder ilimitado. El debate sobre la reforma constitucional en materia de seguridad debe considerar cuidadosamente estos aspectos para proteger las libertades civiles y el estado de derecho. En resumen, el uso de la fuerza no define el autoritarismo, sino su falta de contrapesos.