El gobierno del Presidente Kast, al igual que el anterior de Boric, se ampara en una laguna legal para mantener en reserva sus reuniones con lobbistas. La Ley de Lobby no considera a las autoridades presidenciales ni a sus asesores como sujetos obligados a registrar estas interacciones, permitiendo agendas totalmente privadas. Una solicitud de información por parte de Fast Check sobre las audiencias del Presidente y sus principales asesores fue denegada, justificándose en la no obligatoriedad del registro. Esta práctica ha generado controversia y ha llegado hasta la Corte Suprema, que falló a favor de mantener el secreto de estas reuniones. El tribunal respaldó el criterio de que la información sobre las audiencias no debe ser entregada, consolidando un "blindaje" legal para la Presidencia. Esta situación impide al público conocer con quiénes se reúne el jefe de Estado y su equipo más cercano, generando falta de transparencia.