Una investigación reveló que 67 ex-asesores parlamentarios fueron despedidos con finiquitos e indemnizaciones. Posteriormente, muchos de ellos participaron activamente en campañas electorales de sus antiguos empleadores o de candidatos relacionados. Tras el fin de las campañas, una proporción significativa de estos asesores fue recontratada por los mismos parlamentarios o por otros miembros del Congreso. Esta práctica plantea interrogantes sobre el uso de fondos públicos y posibles conflictos de interés. La situación ha generado debate en torno a la transparencia y la ética en la gestión de recursos parlamentarios. CIPER Chile fue el medio que divulgó esta información, generando una ola de críticas y llamados a investigar el caso a fondo. Se busca determinar si estas recontrataciones cumplieron con la normativa vigente y si existió alguna intención de eludir las regulaciones laborales.