La Cámara de Diputados de Chile pagó más de $2.400 millones en indemnizaciones a 489 asesores parlamentarios entre 2024 y 2026. Investigaciones revelan que, tras recibir estas indemnizaciones, un número significativo de estos asesores fueron posteriormente recontratados. Esta práctica ha generado cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y la transparencia en la gestión de recursos de la institución. La información fue divulgada por CIPER Chile, que analizó los datos correspondientes a este período. No se especifican los motivos de las indemnizaciones iniciales ni los términos de las recontrataciones. El caso plantea interrogantes sobre la eficiencia y justificación de estos procesos dentro del Congreso Nacional. Se espera que las autoridades competentes investiguen a fondo estas operaciones.