El gobierno chileno busca postergar la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales (Nº 21.719) y ampliar el consejo de la agencia respectiva de tres a cinco miembros. Este movimiento coincide con dificultades en el proceso de designación de los consejeros, incluyendo el retiro de una primera terna debido a conflictos de interés y el rechazo parlamentario a una segunda propuesta. Se especula que Leonardo Soto, ex-diputado, y Juan Francisco Galli, ex-subsecretario, podrían ser considerados para una nueva lista de candidatos. La demora en la conformación del consejo amenaza con retrasar la aplicación efectiva de la ley, crucial para la protección de la privacidad de los ciudadanos. La situación refleja tensiones políticas en torno a la regulación de datos personales en Chile. El gobierno espera superar los obstáculos para avanzar con la creación y el funcionamiento de la agencia.