La ley colombiana sobre pensión alimenticia no se basa en tablas preestablecidas o porcentajes fijos del salario. La Ley 42 de 2012 exige a los jueces evaluar la proporcionalidad entre los ingresos de quien debe pagar la pensión y las necesidades reales de quien la recibe. Esto implica un análisis individualizado de cada caso, considerando la situación económica de ambas partes. Los jueces deben determinar una cantidad justa que garantice el bienestar del beneficiario sin comprometer la estabilidad económica del obligado. Esta nueva interpretación legal busca evitar injusticias derivadas de cálculos automáticos y asegurar que la pensión responda a las circunstancias específicas de cada familia. La decisión judicial busca equilibrar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales.