Una comisión parlamentaria propone reducir el mandato del gobernador del banco central de cinco a tres años, con una posible extensión de dos años basada en el rendimiento. Ex gobernadores advierten que este cambio podría exponer al banco a presiones políticas en un momento crítico que exige estabilidad. La propuesta genera preocupación sobre la independencia del banco central y su capacidad para tomar decisiones basadas en criterios técnicos y no políticos. Sus detractores argumentan que un mandato más corto podría llevar a que el gobernador se centre en complacer al gobierno en el poder para asegurar una renovación. La medida busca, según sus promotores, aumentar la rendición de cuentas y mejorar la eficiencia. Sin embargo, expertos temen que pueda socavar la credibilidad y la eficacia de la política monetaria. El debate sobre la autonomía del banco central se intensifica a raíz de esta iniciativa legislativa.