Abogados canadienses especializados en derechos humanos han expresado su preocupación por la importación de productos fabricados con mano de obra potencialmente forzada en prisiones de Alabama, Estados Unidos. La denuncia surge en un contexto de creciente presión por parte de la administración Trump a Canadá para que refuerce la supervisión de importaciones vinculadas a trabajo forzado. Los letrados instan a una mayor investigación y regulación de las empresas que se benefician de esta práctica. Se argumenta que las empresas canadienses podrían estar importando bienes producidos por personas encarceladas en condiciones laborales cuestionables. La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad corporativa y el cumplimiento de los estándares laborales internacionales. Esta controversia añade complejidad a las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la ética en las cadenas de suministro. Se busca mayor transparencia y rendición de cuentas en las importaciones.