El gobierno canadiense ha decidido eliminar la Oficina del Defensor del Pueblo para la Empresa Responsable, encargada de investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por compañías canadienses en el exterior. La decisión se tomó tras una evaluación de Mark Carney, quien consideró que la oficina no había sido “efectiva” desde su creación en 2019. Esta medida se produce en un contexto de críticas por parte de la administración de Donald Trump, que considera “inaceptables” los esfuerzos de Canadá para combatir el trabajo forzado. La oficina, establecida hace cinco años, tenía la función de mediar en conflictos y revisar las prácticas empresariales. Su eliminación ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que temen un debilitamiento de la supervisión corporativa. El gobierno canadiense aún no ha anunciado si se implementará un mecanismo alternativo para abordar estas cuestiones.