Exfuncionarios y expertos legales de Venezuela critican duramente la Ley contra el Odio, solicitando su derogación completa en lugar de una simple reforma. Zair Mundaray, Delvalle Canelón y Evelio Chávez argumentan que la ley, a pesar de los llamados a su modificación por parte de Delcy Rodríguez –quien la impulsó en 2017–, sigue siendo ambigua y susceptible a interpretaciones arbitrarias. Esta ambigüedad, según denuncian, restringe la libertad de expresión y fomenta la autocensura entre periodistas y ciudadanos. Datos del Foro Penal revelan que 927 personas han sido acusadas bajo esta ley desde su aprobación. Los críticos sostienen que una reforma no eliminaría el riesgo de persecución política y legal basada en interpretaciones subjetivas. La preocupación principal reside en que la ley continúe siendo utilizada para silenciar la disidencia en Venezuela.