El gobierno de Bolivia ha levantado el estado de excepción y despejado las carreteras, poniendo fin a siete semanas de protestas y bloqueos. La medida busca restablecer la normalidad tras un periodo de inestabilidad política y social. Paralelamente, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a grupos narcotraficantes de financiar a la “izquierda radical” en Bolivia. Esta denuncia introduce una nueva dimensión en el análisis de las causas subyacentes de las protestas. No se han proporcionado detalles adicionales sobre las pruebas que respaldan la acusación panameña. El fin del estado de excepción implica la vuelta a la normalidad en el tránsito y las actividades económicas. La situación sigue siendo monitoreada de cerca por observadores internacionales y regionales.