El presupuesto 2026-27 no contempla medidas de alivio para los sectores de bajos ingresos, generando preocupación por el aumento de la desigualdad. Los sectores de educación y salud experimentarán un subfinanciamiento significativo, lo que podría afectar la calidad de los servicios públicos. El gobierno argumenta que las restricciones presupuestarias obligan a priorizar otras áreas, sin detallar cuáles. Analistas critican la falta de inversión social y advierten sobre posibles consecuencias negativas en el desarrollo humano y económico. La oposición ha calificado el presupuesto como "insensible" y ha prometido presentar enmiendas para revertir los recortes. Se espera un intenso debate parlamentario sobre la asignación de recursos. La falta de apoyo a los grupos vulnerables y a servicios esenciales plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno.