Expertos advierten que la crítica constante y sistemática a las instituciones democráticas, aunque legítima en sí misma, puede socavar su autoridad y eficacia. Esta erosión de las instituciones debilita los mecanismos de control y equilibrio esenciales para el funcionamiento de una democracia saludable. Se argumenta que convertir a estas entidades en objetivos permanentes de ataque genera desconfianza ciudadana y pone en riesgo la estabilidad política. La defensa de las instituciones no implica una aceptación acrítica, sino el reconocimiento de su rol fundamental en la protección de los derechos y libertades. Un debate constructivo es valioso, pero la deslegitimación sistemática puede tener consecuencias negativas a largo plazo. El análisis subraya la importancia de preservar la integridad de las instituciones como pilares de la democracia.