El gobierno ha anunciado una aceleración en la resolución de solicitudes de asilo, destacando una mayor eficiencia en el sistema. Sin embargo, abogados advierten que este proceso acelerado podría poner en riesgo la evaluación adecuada de casos legítimos. Una de las principales preocupaciones es la decisión de algunos casos sin la realización de una audiencia oral, lo que impide a los solicitantes presentar su defensa de manera completa. Los críticos argumentan que esta práctica podría resultar en la denegación injusta de asilo a personas que realmente lo necesitan. El gobierno defiende las medidas como necesarias para reducir la acumulación de casos y agilizar el sistema. Se teme que la velocidad prime sobre la justicia en estas decisiones, afectando los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo. La situación plantea un debate sobre el equilibrio entre la eficiencia administrativa y el derecho a un proceso justo y completo.