Organizadores de las manifestaciones del 30 de junio contra la inmigración irregular afirman que su movimiento es pacífico. Argumentan que cualquier acto de violencia potencial sería resultado de fallas en la seguridad y el control fronterizo por parte del gobierno. Sin embargo, coaliciones opositoras exigen el arresto inmediato de los líderes del movimiento, acusándolos de incitar a la violencia. La situación plantea un escenario de creciente tensión ante la inminente fecha de las protestas. Los organizadores responsabilizan a las autoridades por mantener el orden público. Las acusaciones de incitación a la violencia por parte de la oposición intensifican el debate. Se espera una fuerte presencia policial para prevenir incidentes durante las manifestaciones.