Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el proceso de destitución de Sulyok, alegando que el gobierno húngaro ha impuesto plazos excesivamente cortos para la consulta. La organización considera que se ha dado únicamente cinco días para emitir opiniones sobre el caso, lo que limita la posibilidad de un análisis adecuado. Amnistía Internacional sugiere que se debería haber aplicado un procedimiento de destitución más formal y transparente. La organización critica la rapidez con la que se está llevando a cabo el proceso, sugiriendo una falta de debido proceso. Consideran que la actual solución adoptada por el gobierno no es la adecuada. La crítica se centra en la falta de tiempo para una revisión exhaustiva y la preferencia por una vía que consideran menos rigurosa. Este caso ha generado debate sobre la independencia judicial y los procesos legales en Hungría.