Organizaciones de derechos humanos advierten que la legislación actual es insuficiente para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Las leyes existentes se centran principalmente en el abuso laboral, pero no abordan directamente la entrada de mercancías obtenidas a través de la explotación. Los activistas solicitan una normativa más específica y contundente que prohíba explícitamente estos productos. Argumentan que la falta de claridad legal permite que artículos fabricados con mano de obra forzada sigan llegando al mercado. Esta situación genera preocupación por la responsabilidad de las empresas y la protección de los derechos de los trabajadores a nivel global. Se busca así fortalecer los mecanismos de control y sanción para combatir esta práctica. La nueva legislación propuesta tendría como objetivo garantizar la transparencia en las cadenas de suministro.