Tras una inicial disputa, el presidente de Uruguay autorizó la adjudicación de una licitación por valor de US$ 24 millones destinada a proporcionar alimentos a refugios y comedores sociales del país. Inicialmente, el Instituto Nacional de Alimentación había recibido un reclamo de una empresa proveedora que había sido desestimado. La decisión del presidente revierte la situación y formaliza el contrato. El monto total se destinará a la compra de alimentos para programas sociales en todo Uruguay. Esta aprobación llega después de un período de controversia en torno al proceso de licitación y las alegaciones de irregularidades presentadas por la empresa proveedora. Se espera que la medida asegure el suministro de alimentos a los sectores más vulnerables de la población uruguaya.