Un abogado de Sorainen, Marcus Niin, declaró a ERR que la policía en Estonia no debería tener la facultad de confiscar vehículos eléctricos personales ligeros que no cumplan con la normativa sin una orden judicial previa. Niin argumenta que permitir la confiscación sin aprobación judicial constituiría una grave violación de los derechos de propiedad. Esta postura surge en relación con la regulación y el cumplimiento de las normas para estos vehículos en Estonia. El abogado enfatiza la importancia de proteger los derechos de los propietarios, incluso cuando se trata de infracciones relacionadas con el cumplimiento técnico de los aparatos. La necesidad de un proceso judicial asegura un debido proceso y evita posibles abusos de poder al confiscar la propiedad privada. Esta declaración plantea un debate sobre el equilibrio entre la aplicación de la ley y la protección de los derechos individuales en Estonia.