La Fiscalía Europea (EPPO) en Cluj-Napoca (Rumanía) ha presentado cargos ante el Tribunal de Iaşi contra cuatro funcionarios públicos de la Administración Fluvial del Danubio de Jos (AFDJ Galaţi), un particular y una empresa. La acusación está relacionada con la adquisición fraudulenta de dos remolcadores destinados al Danubio de Jos. Los remolcadores, adquiridos con una financiación europea de aproximadamente 7 millones de euros a través del Programa Operacional de Infraestructura Mayor 2014–2020, se suponía que mejorarían la navegación fluvial, incluso en niveles bajos del agua. Sin embargo, las investigaciones revelaron que las embarcaciones sólo pueden operar con seguridad cuando el nivel del agua es suficientemente alto. La EPPO investiga si los fondos europeos fueron malversados en el proceso de adquisición. Este caso destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos financiados con fondos públicos europeos en Rumanía.