La CRA (siglas en inglés) recibió 584 millones de yenes en subsidios estatales a pesar de haber sido prácticamente disuelta. Un legislador permaneció en funciones para permitir que la organización pudiera recibir estos fondos. Los subsidios están destinados a cubrir los costos relacionados con las elecciones de febrero. Esta situación ha generado preguntas sobre el uso de fondos públicos y la transparencia en el financiamiento político en Japón. La práctica plantea inquietudes sobre la justificación de asignar recursos a una organización que ya no está plenamente operativa. La permanencia de un solo miembro del parlamento facilitó el acceso a la financiación estatal. Se investiga si el objetivo principal era mantener la entidad operativa para fines financieros, más que para cumplir con sus obligaciones originales.