Una mujer zimbabuense, con permiso de residencia en Sudáfrica, falleció en el Hospital Charlotte Maxeke tras ser obligada a pagar antes de recibir atención médica de emergencia. El caso ha generado indignación y pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los migrantes para acceder a servicios de salud en el país. La víctima, quien sufría un grave malestar, experimentó retrasos en su tratamiento debido a la exigencia de pago previo. Su situación legal como titular de un permiso de residencia no fue suficiente para garantizarle asistencia inmediata. Este incidente reaviva el debate sobre el acceso a la atención médica como un derecho humano fundamental, incluso para personas en situación migratoria. Organizaciones de derechos humanos han condenado la práctica de exigir pagos por adelantado en situaciones de emergencia, calificándola de inhumana y discriminatoria. El caso subraya la necesidad de políticas de salud inclusivas que protejan a todos los pacientes, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.