El Estado español deberá indemnizar con 2,5 millones de euros a Ahmed, un ciudadano marroquí que fue condenado injustamente a 24 años de prisión en 1992. La sentencia original, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, lo halló culpable de dos delitos de violación y lesiones. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló dicha sentencia en 2023, reconociendo la existencia de un error judicial. Ahmed permaneció 15 años en prisión antes de ser exonerado. La indemnización busca compensar los daños sufridos por la injusta privación de libertad y las consecuencias derivadas de la misma. Este caso reabre el debate sobre la necesidad de mejorar los procesos judiciales y garantizar los derechos de los acusados. La decisión del Supremo supone un reconocimiento de la vulneración de los derechos fundamentales de Ahmed.