Cambios en las leyes de fianza en el estado de Victoria, implementados tras una muerte en custodia de alto perfil, están siendo cuestionados por defensores de los derechos de los reclusos. Se advierte que el endurecimiento de la Ley de Fianza el año pasado podría conducir a un incremento en la población carcelaria. Los críticos argumentan que las nuevas regulaciones están contribuyendo a la dificultad de alojar a un número creciente de personas detenidas. Existe preocupación de que la situación actual pueda repetir errores del pasado, refiriéndose a las condiciones que llevaron a la muerte en custodia que motivó los cambios legales. Las organizaciones de defensa legal solicitan una revisión de las políticas de fianza. La capacidad del sistema penitenciario victoriano para hacer frente al aumento de la población es ahora objeto de debate público.