El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha prolongado el “Estado de Emergencia Económica” que rige en el país desde hace 17 meses. Esta extensión concede al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para tomar decisiones económicas sin la supervisión o el control del Parlamento. La medida ha generado controversia debido a la concentración de poder y la falta de transparencia en la gestión económica. Según fuentes oficiales, el objetivo de esta prórroga es continuar abordando la crisis económica que afecta a Venezuela. Opositores critican la medida, argumentando que se utiliza para evitar la rendición de cuentas y perpetuar políticas fallidas. La excepcionalidad, inicialmente decretada en 2016, sigue vigente.