Venezuela no se retira formalmente de la Corte Penal Internacional (CPI) por una cuestión de soberanía, como alega el gobierno de Nicolás Maduro. La verdadera razón detrás de esta decisión es la búsqueda de disminuir la vigilancia internacional sobre la situación en el país. Al permanecer nominalmente adherida, Venezuela intenta evitar una investigación exhaustiva de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio. Esta estrategia busca proteger la estructura de poder actual y a sus principales representantes de posibles acusaciones. La Silla Vacía informa que la permanencia en la CPI, aunque limitada en su cooperación, permite al gobierno aparentar compromiso con el derecho internacional. Sin embargo, esta postura contrasta con la falta de transparencia y la obstrucción a investigaciones independientes. En definitiva, se trata de una maniobra para controlar la narrativa y blindar al régimen ante posibles acciones legales.