El gobierno de Venezuela ha anunciado formalmente su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión, largamente anticipada, fue oficializada este jueves, marcando un punto de inflexión en la relación del país con la corte con sede en La Haya. Caracas justifica esta salida argumentando una pérdida de confianza en la CPI, denunciando lo que considera un sesgo político y una persecución selectiva. El gobierno venezolano ha criticado repetidamente las investigaciones de la CPI sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Este retiro se produce en un contexto de tensiones entre Venezuela y la corte, especialmente en relación con la situación en Venezuela. La decisión podría complicar aún más los esfuerzos para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos en el país sudamericano.