El gobierno venezolano formalizó su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión anunciada previamente en diciembre de 2022. Justifican esta salida alegando una “instrumentalización de la justicia internacional” dirigida contra el país, específicamente en relación con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. A pesar del retiro, la CPI ha aclarado que la investigación en curso no se verá afectada, ya que su jurisdicción se basa en la nacionalidad de las víctimas y perpetradores, no en la membresía del país en la corte. La investigación se centra en acusaciones de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. Este paso sigue siendo controvertido y genera debate entre organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos. La salida de Venezuela de la CPI no impide que la corte continúe sus labores si se cumplen los requisitos jurisdiccionales establecidos.