Venezuela ha anunciado su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), en un movimiento que se produce mientras el organismo investiga presuntas crímenes de lesa humanidad. La investigación de la CPI se centra en la represión de protestas en Venezuela desde 2014, incluyendo denuncias de violencia y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno venezolano ha criticado previamente a la CPI, alegando falta de legitimidad y acusándola de ser utilizada como herramienta política. Esta retirada implica que Venezuela ya no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre su territorio. La decisión ocurre en un contexto de tensiones políticas internas y presiones internacionales sobre el gobierno venezolano. Analistas sugieren que esta acción busca proteger a funcionarios del gobierno de posibles enjuiciamientos. Se espera que la CPI continúe su investigación, incluso sin la cooperación de Venezuela.