La Asamblea Nacional (AN) aprobó una ley especial de arrendamiento destinada a brindar apoyo a las personas afectadas por los recientes sismos en Venezuela. La ley, compuesta por 27 artículos, establece las condiciones para el alquiler de viviendas, requiriendo contratos tanto públicos como privados. Un aspecto clave es la flexibilidad en la forma de pago, permitiendo que el alquiler se abone en bolívares o en moneda extranjera, según acuerdo entre las partes. Esta legislación busca facilitar el acceso a vivienda temporal para quienes perdieron sus hogares o fueron desplazados por los terremotos. Se espera que la ley agilice el proceso de arrendamiento y ofrezca opciones más accesibles a los damnificados. La medida es considerada por el gobierno como un "acompañamiento" a la población vulnerable. La ley busca mitigar los efectos de la crisis habitacional post-sismo.