El gobierno venezolano ha contratado al bufete de abogados Greenberg Traurig para representarlo en un caso judicial en Estados Unidos. La demanda proviene de la empresa Crystallex, involucrada en una larga disputa legal con Venezuela por la nacionalización de sus activos mineros. Esta contratación se enmarca dentro de una estrategia más amplia de reconfiguración de la representación legal de Venezuela en tribunales internacionales, particularmente en Estados Unidos. La modificación de la defensa legal se ha intensificado en los últimos meses. Se desconoce el monto del contrato con Greenberg Traurig. El caso de Crystallex es de alta relevancia debido a los posibles impactos económicos para Venezuela. La disputa legal se centra en la compensación que Crystallex reclama por la expropiación de sus inversiones.