Desde 1996, tras la masacre de El Amparo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictado 33 sentencias condenatorias para el Estado venezolano. El caso de la abogada Linda Loaiza López Soto ha cobrado relevancia, marcando un punto importante en el historial de litigios. Estas sentencias reflejan una acumulación de deudas pendientes por parte del gobierno de Venezuela en materia de derechos humanos. La situación de Loaiza López Soto pone de manifiesto los desafíos en la aplicación de las resoluciones de la Corte IDH en Venezuela. La falta de cumplimiento de las sentencias genera preocupación sobre el compromiso del Estado venezolano con el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Este caso, publicado originalmente en TalCual, subraya la necesidad de abordar las obligaciones pendientes ante la Corte IDH. Se espera que la situación de Loaiza impulse un mayor escrutinio sobre el historial de Venezuela en derechos humanos.