Diversos estados están impulsando la creación de leyes propias para regular la inteligencia artificial, a pesar de los intentos de la administración de Donald Trump por frenarlas. El gobierno federal busca centralizar la toma de decisiones y limitar la capacidad regulatoria de las entidades estatales. No obstante, las legislaturas locales avanzan en normativas específicas sobre el uso de chatbots y la protección de menores. Asimismo, se están implementando medidas para regular el impacto de la IA en el empleo y garantizar la privacidad de los usuarios. La transparencia en el uso de estas tecnologías se ha convertido en otro eje fundamental de las nuevas leyes estatales. Este escenario refleja una tensión creciente entre la visión centralista de Washington y la demanda de regulaciones locales inmediatas.