Estados Unidos impuso sanciones a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), originaria de Japón. La medida también incluye sanciones contra Abdoulaye Seye, abogado sénior de la CPI, proveniente de Senegal. Washington justifica estas sanciones como parte de una campaña contra la CPI, a la que acusa de estar politizada. Esta acción representa una escalada en la confrontación entre la administración estadounidense y el tribunal con sede en La Haya. La CPI ha investigado presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses y sus aliados en Afganistán y otros lugares. El gobierno estadounidense considera que la CPI no tiene jurisdicción sobre sus ciudadanos y que sus investigaciones son ilegítimas. Estas sanciones buscan disuadir a la CPI de continuar con sus investigaciones que involucran a Estados Unidos.