Tres jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), previamente sancionados por la administración Trump, han presentado una demanda contra el expresidente y otros altos funcionarios estadounidenses. La demanda, presentada el 24 de junio, argumenta que las sanciones impuestas son ilegales y constituyen una represalia por la investigación en curso sobre posibles crímenes de guerra. Las sanciones, impuestas en respuesta a la investigación de la CPI sobre la situación en Afganistán y la posible responsabilidad de Estados Unidos y otros actores, buscaban bloquear los activos de los jueces en territorio estadounidense. Los demandantes alegan que estas medidas violan el debido proceso y la inmunidad judicial internacional. La CPI ha defendido su jurisdicción en el caso y ha criticado la interferencia política en su trabajo. Esta acción legal representa una escalada en la tensión entre la corte y Estados Unidos.