La administración Trump ha anunciado amplias sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), intensificando la guerra del presidente contra el tribunal internacional. Estas sanciones se dirigen a personas asociadas con investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán y Palestina. Washington argumenta que la CPI carece de legitimidad y amenaza la soberanía estadounidense al investigar a ciudadanos de Estados Unidos. Estas acciones provocan preocupación internacional y generan dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con el Estado de Derecho y las instituciones multilaterales. Los críticos señalan que las sanciones buscan disuadir a la CPI de continuar con sus investigaciones y representan una señal de hostilidad hacia el organismo con sede en La Haya. Estas medidas reflejan una postura unilateral que podría aislar aún más a Estados Unidos en el escenario internacional.